La situación financiera y la fiera actividad de compradores de deuda ha derivado, entre otras medidas, en el recorte de muchos derechos sociales arduamente alcanzados como el recorte social en materia de pensiones, a la que los sindicatos oficialistas, dicho sea en este momento, evitan moder la mano que le da de comer. La reforma del sistema de pensiones tiene tantas aristas y lagunas que el continuo bombardeo en la prensa nos hace pensar que es la única salida del círculo, tal y como recuerda Vicenç Navarro.
El hecho de que todo el debate en España (uno de los países de la OCDE, junto con EEUU, que tiene mayores desigualdades de renta) se centre en alargar obligatoriamente la edad de jubilación, en lugar de en aumentar la progresividad en la financiación de la Seguridad Social, se debe a que el sector de la población de rentas altas en España tiene mucho más poder político y mediático en nuestro país que el ciudadano normal y corriente. En realidad, la visibilidad mediática y política de una política pública tiene menos que ver con los méritos de tal propuesta que con las cajas de resonancia mediática de que goza. Véase, como ejemplo, el contraste en la exposición que tienen en los medios las medidas de austeridad y recortes de derechos sociales y laborales frente a las necesarias y urgentes reformas fiscales que se requieren para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado y su progresividad.
Existe otra consecuencia de la creciente polarización de las rentas sobre las pensiones, de lo que tampoco se habla en el debate sobre las pensiones en España. La propuesta de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación para toda la población que trabaja discrimina a las personas de baja cualificación y rentas bajas a costa de las rentas altas y medias-altas. Así, en EEUU una persona perteneciente al 5% de la población, la de mayor renta, vive 15 años más que una persona perteneciente al 5% inferior. En realidad, mientras la esperanza de vida de los ricos ha aumentado cinco años durante el periodo 1980-2009, la de las personas de rentas inferiores ha aumentado sólo un año (y entre las mujeres de este grupo de rentas el aumento ha sido incluso menor). Es un enorme error que no se permita a las personas con trabajos poco satisfactorios y estresantes jubilarse antes (en España el número de trabajadores que indica que su trabajo es estresante ha subido en los últimos 20 años de un 32% a un 48%. De ellos, el 68% realiza trabajos poco cualificados). Como también es un enorme error forzar obligatoriamente a personas altamente cualificadas a que se jubilen a los 65 ó 67 años, cuando todavía están en plena actividad intelectual. La pensión debería ser un derecho, no una obligación. De ahí que a las personas que gozan de su trabajo y que vivirán más años que las personas con bajas cualificaciones que vivirán menos, debería permitírseles retirarse más tarde de la edad obligatoria, si así lo desean.
Pero además de ser un error el retraso obligatorio de la edad de jubilación, es una gran injusticia, pues retrasarla significa en la práctica que los que vivirán menos años trabajen dos años más (algunos incluso piden cinco años más) para pagar las pensiones de los que vivirán más años, sobreviviéndoles incluso 15 años en EEUU y diez en España (en la UE-15 son siete años). Estas son las consecuencias que la polarización de las rentas tiene en la financiación y en la equidad del sistema de pensiones, de lo cual apenas se habla en nuestro país.
